FESTINES DE ELITE CON DINERO PÚBLICO: El lado oscuro de la «crisis cultural» en el Museo Trapiche
Los Mochis, Sin. — Con el rostro desencajado y en un tono cargado de zozobra, la directora de la Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA) IAP, la maestra Rosa Irma Peñuelas Castro, convocó a los medios para calificar de «dolorosa» la suspensión de actividades en el Centro de Innovación y Educación (CIE), el Teatro Ingenio y el Museo Interactivo Trapiche. El motivo: la decisión del Gobierno del Estado de retirarles el subsidio anual de 22 millones de pesos.
Sin embargo, detrás de la narrativa del desamparo cultural se esconde un modelo de gestión que durante años convirtió recintos pagados por los contribuyentes en el jardín privado de la élite sinaloense.
Cultura para el pueblo, lujo para unos cuantos.
El caso más sangrante es el del Museo Interactivo Trapiche, una obra erogada del erario con un costo astronómico de 348 millones de pesos, concebida en el papel para elevar el nivel educativo de la niñez. En la práctica, bajo el comodato otorgado en el sexenio de Mario López Valdez (Malova) a la estructura encabezada por Pilar Artola de Salido —presidenta del patronato y vinculada al grupo empresarial del periódico El Debate—, el recinto operó como un club exclusivo.
Mientras a las familias de a pie se les cobraba cada acceso, el museo abría sus puertas de par en par para eventos sociales de alta alcurnia. La última gran boda se celebró apenas en marzo de este año. En esos festines nocturnos, la vocación pedagógica cedía el paso al consumo libre de alcohol e incluso al uso ostentoso de sustancias frente a la vista de todos, desnaturalizando por completo un espacio público.
El contraste de la impunidad: ¿Por qué un espacio financiado por la ciudadanía nunca estuvo a disposición del pueblo para sus celebraciones, pero sí para los enlaces matrimoniales de las familias más acaudaladas de la región? La respuesta es tan simple como indignante: un patronato que entendió el patrimonio colectivo como una concesión de alcurnia.
Sin rastro de las ganancias acumuladas
En la conferencia donde se lamentó el recorte, Peñuelas Castro fue omisa al hablar de los ingresos multimillonarios que durante años generó este tridente de recintos (CIE, Trapiche y Teatro Ingenio). Operados comercialmente como empresas privadas pero mantenidos con el cheque mensual del Estado, los recintos funcionaron bajo una fórmula envidiable para cualquier empresario: costos de infraestructura y mantenimiento privatizados a favor del patronato, pero liquidados por la bolsa pública.
Hoy, el reclamo por los 22 millones de pesos retirados suena más a la pérdida de un privilegio histórico que a una verdadera preocupación por el desarrollo cultural. La sociedad mochitense, que durante años guardó silencio a la sombra del poder mediático y económico que blindaba al patronato, ve finalmente expuesta la doble moral de una institución que socializó sus deudas mientras privatizó sus festejos.
