Los Mochis, Sin.- Tras años de presuntas irregularidades, más de 500 ex trabajadores del Ingenio Azucarero comienzan a ver una posible salida legal a su situación, luego de que el empresario y ex socio de la factoría, Luis Puente Pérez, ofreciera asesorarlos en la búsqueda de justicia.
Mientras señalan que algunos actores políticos y empresariales se habrían beneficiado con la venta de los terrenos del ingenio, cientos de familias continúan enfrentando dificultades económicas. Sin embargo, el panorama podría cambiar tras recientes acercamientos entre los afectados y el empresario.
El tema resurgió luego de una entrevista realizada por los periodistas Ramiro Cazarez y Aramis Pineda en el programa #MercurioEnLínea, donde cuestionaron si aún era posible actuar legalmente a favor de los ex trabajadores. La respuesta de Puente Pérez fue directa: sí es viable proceder.
A partir de esa transmisión, ex empleados comenzaron a contactarlo, lo que derivó en una reunión el lunes 23 de marzo, en el monumento a Salvador Esquer, donde más de 50 ex obreros solicitaron formalmente su apoyo para exigir un pago justo.
Durante el encuentro, Puente Pérez planteó dudas sobre el manejo de los terrenos del ingenio, cuestionando por qué fueron escriturados a favor del sindicato y las variaciones en su valor, al pasar de 357 millones de pesos a intentos de venta previos por 170 millones, cuando actualmente se estima que podrían alcanzar hasta 800 millones.
Señaló que existe un diferencial considerable que podría rondar los 600 millones de pesos, además de acuerdos poco claros entre el sindicato y la empresa, incluyendo un reparto de utilidades bajo un esquema 60-40, pese a que la compañía se declaró en quiebra.
Ante este panorama, indicó que la ruta legal contempla organizar a la mayoría de los afectados para proceder con denuncias penales por presunto fraude procesal contra líderes sindicales y autoridades de conciliación, buscando que los bienes regresen al patrimonio del ingenio y se distribuyan conforme a derecho.
Finalmente, advirtió que el caso podría escalar incluso contra instancias nacionales del sindicato azucarero, al considerar que existen elementos suficientes para investigar posibles actos de corrupción en perjuicio de los trabajadores.
