Mocorito, Sin.– Una propiedad valuada en aproximadamente 8 millones de pesos ha colocado en el centro de la polémica al diputado local Eligio López Portillo, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Sinaloa, cuya evolución patrimonial comienza a generar fuertes cuestionamientos.
Se trata de una antigua casona ubicada en pleno corazón de Mocorito, en la esquina de las calles Francisco I. Madero y Gabriel Leyva, justo a un costado de las instalaciones de la Policía Municipal.
El predio cuenta con una superficie total de 2 mil 416.16 metros cuadrados y, de acuerdo con la información difundida, habría sido adquirido a integrantes de la familia Gómez Acosta.
La operación inmobiliaria habría representado un desembolso de aproximadamente 4 millones de pesos por la propiedad, mientras que los trabajos de rehabilitación y las nuevas construcciones realizadas en el lugar sumarían otros 4 millones, alcanzando una inversión estimada de 8 millones de pesos.
Pero más allá de las dimensiones del inmueble, la pregunta que comienza a tomar fuerza es: ¿cuál es el origen de los recursos utilizados para financiar esta millonaria operación?
Las cifras expuestas han puesto bajo escrutinio las percepciones del legislador. Tomando como referencia una dieta mensual cercana a los 130 mil pesos, sus ingresos brutos durante dos años de actividad legislativa representarían alrededor de 3 millones 120 mil pesos.
Una cantidad inferior al valor total estimado de la propiedad y sus remodelaciones, aunque para establecer una posible inconsistencia patrimonial sería indispensable revisar sus declaraciones, ahorros, otros ingresos, créditos y movimientos financieros.
La diferencia entre los montos ha abierto interrogantes que difícilmente pueden ignorarse cuando se trata de un representante popular que actualmente ocupa una de las posiciones políticas más importantes dentro del Poder Legislativo sinaloense.
El caso vuelve a poner atención sobre la gestión de López Portillo al frente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN).
Por ello, se ha planteado la necesidad de que la Auditoría Superior del Estado revise las cuentas públicas, contratos y procedimientos administrativos correspondientes a su periodo al frente del organismo, siempre que existan elementos que ameriten una investigación.
También se ha solicitado que las autoridades competentes esclarezcan el origen de los recursos utilizados en la operación inmobiliaria, tales como la ASE y órganos de fiscalización.
Una propiedad, muchas preguntas
La adquisición de una propiedad de estas dimensiones, acompañada de una inversión millonaria en remodelaciones, pone sobre la mesa un tema fundamental: la transparencia patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.
Hoy “El Nuevo Rico”, como es conocido en el pueblo mágico, ha causado disgusto entre los mismos locales.
