Los Mochis, Sin.— Un caso relacionado con presuntas amenazas de muerte contra un periodista llegó este martes 25 de agosto a los tribunales de Ahome, luego de que autoridades ejecutaran una orden de aprehensión contra José Luis “N”, vecino del Poblado 5, señalado por su probable responsabilidad en estos hechos.
El proceso tiene como víctima al comunicador Juan Ángel Rivera, director del portal El Carrizo y su Valle, quien habría sido amenazado después de publicar información relacionada con una denuncia ciudadana sobre las condiciones en las que se encontraba una mujer de 93 años, presuntamente madre adoptiva del ahora imputado.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos se remontan a octubre de 2025, cuando el periodista difundió dicha información. Posteriormente, habría recibido una llamada telefónica en la que se le exigía retirar la publicación, acompañada de una amenaza de atentar contra su vida.
Ante esta situación, el comunicador presentó una denuncia formal el 1 de noviembre de 2025 ante la Vicefiscalía Zona Norte, acompañado por integrantes de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS).
Este martes, el caso dio un nuevo paso con la celebración de la audiencia inicial, realizada en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatorio y Oral Zona Norte, donde Rivera estuvo acompañado por su equipo jurídico, encabezado por el abogado Abdejalil Khezour.
Durante la jornada, el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Libre Expresión y Derechos Humanos, destacó la importancia de investigar y llevar ante la justicia cualquier conducta que pretenda intimidar o limitar el ejercicio periodístico.
El titular de dicha unidad, Osmar Alejandro García Aguilar, señaló que las agresiones y amenazas contra periodistas no deben quedar sin consecuencias legales.
Para el gremio periodístico, el avance de este caso representa un mensaje de respaldo a quienes ejercen la labor informativa en Sinaloa, particularmente en las comunidades donde los comunicadores desarrollan su trabajo y, en ocasiones, enfrentan situaciones de presión o intimidación.
El presidente de la OCUS, Julio César Martínez, reconoció la actuación de la Vicefiscalía Zona Norte y consideró que el proceso representa un paso importante para fortalecer las condiciones de seguridad y libertad para quienes ejercen el periodismo.
El caso continúa su curso dentro del proceso penal y será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del imputado conforme avance el procedimiento.
