Quienes encabecen el Poder Ejecutivo deben tener un compromiso únicamente con México y los intereses de la nación: Ana Chiquete
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026*.- La senadora por Sinaloa, Ana Chiquete respaldó la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que quienes asumen las máximas responsabilidades ejecutivas deben mantener un vínculo jurídico exclusivamente con nuestro país.
“Quienes encabezan el Poder Ejecutivo toman decisiones que involucran la soberanía y los intereses de nuestro país. Por la responsabilidad que representan estos cargos, consideramos importante que exista un vínculo jurídico únicamente con México.”
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establece que quienes aspiren a estos tres cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. En caso de contar con ella, deberán renunciar antes de solicitar el registro de su candidatura.
La modificación también establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
Chiquete explicó que la reforma no elimina ni prohíbe la doble nacionalidad para las y los mexicanos en general. La modificación establece un requisito específico únicamente para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y locales.
“Tener doble nacionalidad no hace a nadie menos mexicano ni pone en duda su identidad o su amor por nuestro país. Esta reforma se refiere exclusivamente a la responsabilidad particular de encabezar un Poder Ejecutivo y a garantizar que, en el ejercicio de esa función, no exista otro vínculo jurídico nacional.”
El nuevo requisito será aplicable a partir del proceso electoral de 2028. La reforma también contempla adecuaciones posteriores a la legislación federal y local para armonizar las disposiciones relacionadas con su aplicación.
