Señalan a César del Pardo por presuntos engaños a familias que buscan vivienda
Aseguran que solicita hasta 10 mil pesos por lote sin contar con facultades legales
Los Mochis, Sin.- Personas que aseguran haber confiado durante años en César del Pardo Escalante para obtener un patrimonio familiar, denuncian que continúan las irregularidades relacionadas con la venta de terrenos en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con testimonios cercanos, recientes declaraciones difundidas mediante un video publicado por su seguidor Juan Soltero han generado preocupación, ya que —afirman— mezcla temas distintos como el movimiento #AquíNo, la caseta de peaje de San Miguel y diversos predios señalados por presuntas invasiones irregulares, entre ellos La Guamuchilera, La Malova y Los Virreyes.
Los denunciantes sostienen que tanto Del Pardo como quienes lo respaldan estarían difundiendo información falsa para mantener la confianza de personas interesadas en adquirir vivienda.
Uno de los principales señalamientos surge luego de que César del Pardo afirmara contar con un contrato privado con el banco Banorte para la adquisición de terrenos conocidos como la “L” o “Escuadra”, ubicados en las inmediaciones de Urbivillas del Rey y colonias aledañas. Sin embargo, versiones atribuidas a personal de dicha institución bancaria indican que no existe ningún convenio o relación contractual con él.
Según afectados, el documento que Del Pardo presenta sería únicamente un contrato promesa entre particulares con el actual poseedor del predio y no un acuerdo formal con la institución financiera, la cual mantiene tratos independientes respecto a esos bienes.
Autoridades señalan que los documentos mostrados a compradores potenciales carecen de validez como acreditación de propiedad o autorización para comercializar los terrenos, por lo que se trataría de acuerdos privados fuera de su competencia legal.
Representantes vecinales y líderes comunitarios acusan que se han ofrecido lotes sin contar con la legítima propiedad o facultad jurídica para venderlos, además de prometer servicios como electrificación y regularización que hasta ahora no se han concretado.
Ante esta situación, sostienen que varias familias podrían haber sido afectadas económicamente, mientras las autoridades precisan que el conflicto corresponde a un asunto entre particulares, limitando su intervención directa.
